lunes, 23 de abril de 2012

¿CRISIS O ESTAFA?

Publicado en el País de Andalucía

La nueva moneda española no se llama euro, se llama café. La cosa empezó con el Secretario de Administraciones Públicas que ridiculizó a toda la función pública como una panda de desalmados dedicados a tomar cafelito y leer el periódico. Ahora, con las medidas de copago sanitario, el portavoz del PP en la comisión de sanidad, afirma que el coste de esta medida es el equivalente a cuatro o cinco cafés al mes. Los pensionistas pueden perfectamente privarse de ellos y contribuir a pagar el gasto farmacéutico. Me informan que las grandes empresas inmobiliarias han reorientado su inversión hacia el sector sociosanitario y es que, por lo visto, detrás de estas tazas de café hay mucho negocio a la espera de abrir sus puertas.


En la Universidad, el café será completamente erradicado, porque los 500 euros de aumento en las tasas universitarias supondrán un verdadero hachazo no solo a las bebidas estimulantes, sino a las posibilidades de entrar en la enseñanza superior para miles de jóvenes españoles. El gobierno parece desear que los primeros en desaparecer de las universidades públicas sean los jóvenes con menores ingresos porque, lejos de prever un sistema compensatorio para estas subidas, han dado un recorte espectacular a las becas. Ni pobres, ni clases medias castigadas serán bien recibidas en la Universidad española. Mientras, en la estrategia soterrada de presentar como despilfarro lo que no lo es y como privilegio lo que es una riqueza para el país, abominan de nuestro sistema universitario y consideran que la existencia de 71 Universidades (50 de ellas públicas) es una prueba de derroche. Nos engañan inmisericordemente, porque en el espacio europeo hay 3.300 universidades, en Norteamérica más de 4.400 y, por ejemplo en Alemania, existen 349 Universidades distribuidas por todos los lander, o sea, cinco veces más que en España.

Como su modelo económico es de salarios exiguos y baja cualificación, han emprendido una batalla ideológica contra los estudios universitarios, la utilidad de las titulaciones, su profesorado y su capacidad de investigación. En vez de mejorar el sistema universitario, utilizar mejor los recursos y primar la I+D, la han emprendido a mandobles contra la propia formación universitaria. El Ministro se permite insinuar que en la Universidad la investigación es un fraude y la mayor parte de los estudios inútiles. La disminución del presupuesto de investigación, cercano al 26 por ciento, es de tal magnitud que alguien escribía en twitter: “con estos presupuestos, en España la próxima vez que veas a alguien con una bata blanca, será un churrero”. El más mínimo sentido común nos indica que la salida al túnel de la crisis será más factible si mimamos nuestra ciencia, la formación de nuestros jóvenes y la creación de nuevos talentos. De hecho la aportación de nuestra ciencia en la balanza comercial, es mayor a la de bienes y servicios.

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha hecho una declaración al más puro estilo de Larra. “España es el único país civilizado donde desde el Ministerio de Educación se habla mal de la Educación y parece que se disfruta con ello”, ha dicho con pesar.

En la comisión de expertos que debatirán el futuro del sistema universitario, el Ministerio no ha incluido ni un solo representante de las Universidades Andaluzas. El café de las autonomías no gusta al gobierno central, a no ser que proceda de Valencia o de Madrid, donde se aprestan a acabar con el sistema universitario público e imponer frente al democrático café el selecto té de las cinco.

Las universidades no son fábricas de parados, sino de ciencia y saber. El paro en los jóvenes no titulados es tres veces mayor que entre los universitarios. Las universidades no son un costo sino una inversión en el futuro. En los últimos treinta años, se ha amortiguado el clasismo y miles de jóvenes con pocos recursos económicos han desarrollado su talento en sus aulas. Ahora todo está en cuestión por una crisis que, cada vez más, es una simple y pura estafa.

domingo, 15 de abril de 2012

FALTA DE EDUCACIÓN

No existe casi ninguna profesión que se lleve la mitad del trabajo a casa. Cuando se cierra el taller, la oficina, la obra o el comercio, los trabajadores no se llevan los materiales para continuar su trabajo en las horas de descanso. No hay ningún oficio en el que el estudio y la preparación del material no se computen como tiempo trabajado o que ni siquiera el tiempo del bocadillo cuente como horario laboral. Si se aplica esta fórmula, los futbolistas solo trabajan los 90 minutos del partido y los redactores el tiempo justo que están ante las cámaras. No hay ningún oficio en el que no cuenten para nada los traslados, ni las horas extraordinarias dedicadas a actividades o acompañamiento de alumnos. No hay una sola profesión que no ofrezca los instrumentos de trabajo gratis excepto en la enseñanza, desde el boli rojo, al bloc de notas, el ordenador portátil o el pendrive sempiterno que nos acompaña como una cruz laica.


Los profesores nunca van a hacer la huelga que pondría de manifiesto su función ni sus horas de trabajo: dejar de pasar las mañanas de los sábados y los domingos corrigiendo ejercicios, o acompañar el café de la tarde con las fichas de la clase que daremos el día siguiente.

En España, según el último estudio sobre el Panorama de la Educación, el horario lectivo del profesorado es de los mayores de la Unión Europea y de la OCDE, pero este dato es ocultado porque detrás de los recortes y de la reforma que nos anuncian no hay el afán de mejorar la educación pública, sino de reducir sus posibilidades y fomentar la enseñanza privada.

Mucho antes de que estallara la crisis económica, los think-tank de la derecha —incluyendo el actual ministro de Educación— lo habían teorizado. Según sus tesis la inversión en la enseñanza pública era desproporcionada y habría que buscar un mayor equilibrio con la iniciativa privada. En medio de las invocaciones al esfuerzo del alumnado y a la autoridad del profesor, introducían la idea de aumentar el número de alumnos por aula y limitar los programas compensatorios. Abogaban por aumentar los conciertos con la enseñanza privada, privatizar el bachillerato y hacer mucho más exclusiva la Universidad. Esperanza Aguirre no es un verso suelto sino la portavoz de todo el clasismo cañí hecho carne.

A todo esto nos quieren conducir de cabeza. Cuando en los centros educativos consigan ampliar el número de alumnos por aula en la enseñanza pública hasta cuarenta —como en los mejores tiempos del franquismo—, habrán conseguido gran parte de sus objetivos; cuando consigan que la sociedad torpemente crea que el profesor es un ser privilegiado al que hay que cargar con horarios insoportables y aulas masificadas, su revolución conservadora habrá llegado a su fin.

Los recortes que nos anuncian no son para ahorrar dinero público. No nos engañemos. Es fácil hacer este simple cálculo: los interinos despedidos se acogerán inmediatamente a su derecho a cobrar el desempleo. Es decir, el dinero ahorrado en salarios se gastaría en el pago de las prestaciones por desempleo y en falta de falta de recaudación de la seguridad social. Solo en Andalucía, quince mil personas que cumplen funciones educativas como profesorado interino serían puestas de patitas en la calle en un acto de injusticia y despilfarro que no ahorraría prácticamente ni un euro a las finanzas públicas.



El sacrificio que se exige al profesorado no será para mejorar la enseñanza, sino para masificar las aulas, suprimir las tutorías, despedir interinos y poner fin a la débil atención personalizada. Los efectos, en pocos años, serán terribles. Cada euro que se reste a la educación, cada alumno de más en las aulas, cada beca de menos en las universidades, cada tasa de más en los precios públicos, nos pasará factura en el modelo social y en la economía en muy pocos años. La educación, a diferencia de otros departamentos, no trata con cosas, sino con personas, con inteligencias y con capacidades. Es un delicado tejido cuyos desgarros son irreversibles. Por eso en Andalucía es necesario echar coraje, imaginación e inteligencia para sortear estos recortes y apostar, de verdad, por la educación pública.

Publicado en El País Andalucía

domingo, 1 de abril de 2012

INTELIGENCIA NATURAL

Artículo publicado en El País Andalucía

Contra todo pronóstico no ganó la derecha. Precipitadamente se escondieron banderas, se deshicieron titulares. Dispararon una lluvia de insultos a Andalucía por no haber sido convenientemente sumisa a los conquistadores; se tambalearon las columnas de opinión que sustentan el edificio de la derecha mediática. Los elogios desmesurados a Javier Arenas se tornaron amargas reflexiones, aceradas críticas que actualizaban el lamento de todas las derrotas: ¡Ay de los vencidos!


El mismo día, a la misma hora, creció una modesta esperanza que dibujó una sonrisa en gran parte de la sociedad andaluza. Andalucía no se suma al carro monocolor de la revolución conservadora, alienta nuevas salidas, y aparece como un contrapoder efectivo a la mayoría omnímoda del PP. Los andaluces resolvieron el domingo una complicada ecuación con la mayor inteligencia: restaron al PSOE casi una decena de diputados para darles una severa advertencia por su actuación respecto a los ERE y a la situación económica; aumentaron significativamente el voto a IU para dar fuerza al discurso social y a la utilidad de la izquierda y situaron al PP muy lejos de la mayoría absoluta para no dar resquicio a que se pusiera en cuestión el mandato de las urnas. Finalmente, repartieron la abstención entre votantes socialistas desencantados y electores de la derecha a los que no les gustan los excesos económicos ni políticos de este nuevo gobierno.

En toda España la izquierda respiró aliviada. No se trata de sentimentalismo político ni de emoción por la marea roja de Andalucía sino de una sencilla cuestión de simetría social: por fin un territorio grande y poderoso puede ejercer de contrapeso a las políticas restrictivas de la derecha; por fin desde algún lugar se puede demostrar que son posibles otras soluciones frente a la crisis que no pase por poner de rodillas a los más humildes.

No es una esperanza ilusa. Todo el mundo sabe que los tiempos son difíciles, que es difícil hacer nuevas políticas cuando las arcas están vacías, que es casi imposible sustraerse a la política española y europea que ha reducido su vocabulario a una sola palabra: recortes. Pero gobernar en tiempos difíciles desde la izquierda puede ser la mejor demostración de la validez de sus principios y de sus propuestas. No se trata solo de frenar las políticas de la derecha, ni de convertir el Parlamento en la oposición a las políticas de Rajoy, sino de abordar con decisión cambios urgentes.

Para hacerlo, pueden contar con más voluntades incluso que las expresadas en las urnas, porque la esperanza es compartida por el ecologismo político, por el andalucismo de izquierdas así como por la mayor parte de los movimientos sociales de nuestra tierra. Por primera vez desde hace decenios, hay una voluntad común por confluir en un proyecto de cambio andaluz; por primera vez desde el reivindicativo 28-F es posible plasmar una alianza social muy amplia, más allá de lo que representan la simple suma de siglas. Pero esta alianza está solo disponible para el cambio, que no para la continuidad de las mismas formas de gobernar o de las mismas políticas ni para la ensoñación radical ajena a la realidad.

Por todo esto, tanto PSOE como IU deben ser serios y rigurosos. La desesperanza se alimenta sola pero la esperanza necesita del empuje de la inteligencia. Ni un solo espectáculo que alimente la maquinaria pesada de la gran derecha y de la desesperanza. Aún comprendiendo los miedos, la reticencias mutuas, no hay lugar para el desencuentro. Por supuesto, resulta lógico exigir una limpieza inmediata y una regeneración sin paliativos. Pero la situación política no deja espacio para alambicadas estrategias que dependan cada semana de decisiones en el Parlamento de Andalucía. Lo urgente no es discutir el poder de cada formación política sino poner en común las soluciones a los problemas andaluces.

La única forma de corresponder a la heroicidad de las urnas, es haciendo este camino con inteligencia, generosidad y diálogo social. Solo así se podrá afrontar la brutal campaña que se desatará al menor tropiezo, al más mínimo desengaño, por parte de una derecha que no va a perdonar el desdén de Andalucía.

DEBATES CON TRAMPA

Publicado en El País Andalucía

El enunciado de la idea puede resultar atrayente: ¿Por qué vamos a pagar los libros de texto a niños que tienen rentas altas? ¿Por qué no cobramos las medicinas o las recetas a los que tienen más? ¿Por qué no subir las tasas de servicios públicos en función de la renta? Nuestra mente reacciona inmediatamente a favor de estas propuestas, sin caer en la cuenta de la infernal trampa que contienen.


La procedencia de estas ideas nos debiera hacer sospechar de sus intenciones últimas. Es francamente escamante que los mismos que parecen estar tan interesados en el pago de servicios públicos según la renta defiendan anular los impuestos a las herencias millonarias, acabar con el recargo a las rentas altas y suprimir el impuesto sobre el patrimonio. O, todavía peor, acaben de cargarse una subasta de medicamentos que hubiera ahorrado a Andalucía 40 millones de euros en su primer año.

En un Estado con derechos, los servicios públicos básicos deben ser iguales para toda la ciudadanía, independientemente de su procedencia social. La progresividad no se debe expresar en los servicios públicos, sino en el sistema impositivo. Es decir, el que es más rico debe pagar impuestos, independientemente de su uso de los servicios. Lo que tiene que ser justo es el sistema impositivo y la recaudación fiscal. Eso significa que cada ciudadano debe contribuir al mantenimiento de la escuela, los hospitales o los servicios sociales aunque no tenga hijos, ni enfermedades, ni invalidez alguna que atender. La democracia es mucho más que la libertad o el derecho al voto, es también la obligación de contribuir al mantenimiento del bien común; es un contrato social por el que el bien ajeno es beneficioso para todos.

En contra de este principio de que son los impuestos los que deben sufragar y equilibrar las diferencias, se está alimentando la idea de que cada servicio se pague en función de la renta. De llevarse a cabo, cada hospital, cada centro educativo y cada servicio público se convertirían en un centro recaudador. Se expedirán carnets de pobre o de rico, según las circunstancias.
En Andalucía se ha logrado que los libros de texto sean gratuitos hasta finalizar la educación obligatoria. Con cierto trabajo conseguimos que la gratuidad figurase en el Estatuto de Autonomía y formase parte del carácter integrador de nuestra enseñanza pública. Cada familia ahorra al año más de 300 euros con esta medida, sin embargo el coste es relativamente barato porque los libros pertenecen a los centros y se utilizan durante cuatro o cinco años por las sucesivas tandas de alumnos. Se ha acabado el doloroso espectáculo de que tres meses después de iniciado el curso, muchos chavales y chavalas, aún no tenían los libros porque sus familias carecían de recursos: todos tienen los mismos libros que deben cuidar, eso sí, algo desportillados el último año. Este curso, y hablo por experiencia directa, sin los libros gratuitos la situación hubiese sido dramática. Los profesores apenas nos atrevemos a exigir la compra de los libros de lectura (no incluidos en la gratuidad) porque el desembolso de unos pocos euros supone un problema para algunas familias.

Los defensores del sistema de copago o de rentas me dirán que, en esos casos, está justificada la gratuidad, pero no nos engañemos, acabaría con un derecho contemplado en nuestro Estatuto, y nos haría retroceder a los tiempos de la beneficencia ¿En qué renta se pondrá el límite? ¿Tendrán derecho las clases medias azotadas por la crisis, congeladas y estranguladas, a la gratuidad de los servicios públicos? En la enseñanza pública, en la salud, en los servicios sociales no abundan los ricos. En mi centro no hay uno solo. Imagino que han emigrado a la enseñanza privada, donde importan un pito los trescientos euros de los libros de texto.

En vísperas de las elecciones autonómicas la supresión de derechos, el retroceso a la beneficencia es un serio aviso de las políticas que nos aguardan, envueltas en el celofán del populismo, alimentando el rencor social de unos contra otros para dejar intactos los privilegios de los poderosos.